El Ministerio de Trabajo ultima una prestación por desempleo complementaria

Según el texto sometido a consulta pública previa, la nueva protección asistencial por desempleo. Podrá ser percibida por quienes no tengan los requisitos de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva o por quienes la han agotado y no encuentran empleo.

De esta forma, dejará de ser catalogada como protección por desempleo la recibida por quienes no provenían de un empleo.

Un complejo catalogo de ayudas

En la actualidad, el sistema de protección por desempleo resulta complejo, con una prestación contributiva, otra asistencial, rentas agrarias, protección para los trabajadores por cuenta propia, programas de formación de empleo, rentas mínimas y prestaciones no contributivas.

A esto se suman los diferentes programas autonómicos que van más allá de la protección por desempleo. Pues garantizan recursos mínimos.

Simplificar la protección

Trabajo busca simplificar y mejorar el marco de protección para aquellas personas desempleadas

"El objetivo de la propuesta que se plantea es simplificar y mejorar el marco de la protección por desempleo de nivel asistencial, creando una prestación complementaria a la prestación contributiva", indica Trabajo en una consulta pública previa a la elaboración de la ley.

"Se persigue así ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al aumentar la duración de los subsidios (que hoy duran seis meses) y eliminar las lagunas de protección del sistema actualmente vigente, compuesto por diversos subsidios y programas que dan cobertura a colectivos específicos", añade el ministerio en el documento, donde insiste en que se pretende "una mayor flexibilidad en el acceso y permanencia en el subsidio".

Duplicidad entre la Administración central y las autonomías

Trabajo señala a su vez que la llegada de nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital o la existencia de ayudas de ámbito autonómico como las rentas mínimas de inserción, han contribuido a complicar aún más un sistema de prestaciones con grandes diferencias en las condiciones de acceso, en las cuantías y en la duración de las mismas.

Todo ello ha causado, según explica el Ministerio dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que haya una serie de "desajustes". Como la duplicidad entre la Administración central y las autonomías, ya que "se protege a los mismos colectivos y situaciones desde distintos niveles administrativos".

A su vez, observa Trabajo, "se produce una escasa vinculación de la protección con la inserción social y laboral", además de que se sobreprotege a algunos colectivos, "principalmente mayores de 45 años", y se desprotege otros, como los menores de 45 años que no tienen obligaciones familiares.

Incentivar la contratación

Desde Trabajo están elaborando, también, una normativa con la que simplificar y homogeneizar las bonificaciones en las cotizaciones sociales. Con el objetivo de incentivar la contratación, que conllevan un gasto de 1.821,6 millones de euros al año.

De acuerdo al documento sometido a consulta pública previa por el Ministerio de Trabajo, estos incentivos a la contratación vía bonificaciones en las cotizaciones sociales suponen, en su conjunto, alrededor del 25 % del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo.

De esta manera, en el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El gasto en el año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros, según el documento.

A estos datos, hay que añadir los incentivos aplicados mediante subvenciones concedidas por los servicios de empleo tanto estatal como autonómicos que, dada su disparidad, no están calculadas.

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