El asesinato de ciudadanos norteamericanos vinculados con un consulado de EE. UU., ha movilizado a siete corporaciones gubernamentales para tratar de encontrar a los asesinos que posiblemente se encuentren vinculados a la narcoviolencia que impera en la región.Ante la indignación de los presidentes de México y Estado Unidos, las corporaciones policíacas se disponen a llevar a cabo una cacería como la efectuada en 1985 cuando fuera asesinado Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA, que fuera secuestrado, torturado y muerto a manos de narcotraficantes de aquella época, a los que en los tiempos actuales se les consideraría peritas dulces ante el crimen y las practicas de terror e impunidad llevadas acabo por los narcotraficantes que se mueven a lo largo y ancho del territorio nacional.Grave resulta el hecho de que la procuraduría de Chihuahua tenga que realizar malabares para salir avante en las entrevistas televisivas, dada su ignorancia total sobre las causas de los asesinatos de los estadounidenses en Ciudad Juárez. Nada saben y en nada ha resuelto la situación de criminalidad y violencia que se vive en México a pesar de que se han movilizado miles de soldados y efectivos policíacos, que en muchas ocasiones sólo sirven para llevar a cabo actos delictivos que ensombrecen la labor de las instituciones.
Felipe Calderón se ha enfrascado en una guerra personal que a la fecha lleva varios miles de muertos que para las autoridades sólo significan números o daño colateral como resultado de una guerra catastrófica contra criminales y actos delictivos que se multiplican día a día en el país.A dos tercios de labor presidencial, resulta claro que la guerra contra el narco está perdida, en los dos años restantes, el presidente de la república poco podrá hacer en cuestión de seguridad pública, si en las labores políticas y económicas sólo da tumbos y no encuentra el camino que le permita una gestión exitosa.La intervención de autoridades norteamericanas puede dar un vuelco en la guerra contra la narcoviolencia, el potencial económico y la necesidad de los “gringos” de intervenir cuando ven afectados sus intereses o la de sus ciudadanos puede destapar verdaderas cloacas de complicidad.
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